Más de 200 desaparecidos en Chilapa entre 2014 y 2015; la PF investigará

 

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Jonathan Cuevas/API

Chilpancingo, Gro.- Ciudadanos de Chilapa se reunieron este miércoles con el Comisionado Nacional de la Policía Federal Enrique Galindo, a quien le presentaron más de 200 casos de desaparición forzada de los cuales, diez tienen que ver con la irrupción del grupo armado autodenominado “policía comunitaria” de los pueblos del sur de ese municipio.

El funcionario federal anunció un despliegue de grupos de la Policía Federal enfocados al combate al crimen organizado y, a la investigación de los casos de desapariciones. Sin embargo, minimizó la situación de violencia en Chilapa afirmando que esta municipalidad no era un lugar con grandes problemas de inseguridad.

El Comisionado Nacional llegó después del mediodía a la cabecera municipal y fue recibido por el presidente Francisco Javier García González, a quien durante la mayor parte de su estancia en el lugar, prácticamente ignoró.

El funcionario de la PF se reunió durante más de dos horas con familiares de las personas que tienen a algún familiar desaparecido; en su mayoría, víctimas de los grupos armados que sitiaron Chilapa durante los días 9 y 14 del mes en curso.

Cabe resaltar que aquellos días, personas que se asumieron como guardias comunitarias provenientes de al menos 16 comunidades del sur de Chilapa, y que afirmaron ser víctimas del grupo delictivo de “Los Rojos” que opera en Chilapa. Aseguraron que buscaban a los tres principales líderes de ésta organización criminal.

Al final de la reunión, Enrique Galindo ofreció una conferencia de prensa en la que aclaró que se reunió con familiares de diferentes personas que no están localizadas y que han presentado denuncias ante la Fiscalía del Estado por privación ilegal de la libertad.

“Con la instrucción del Secretario de Gobernación vengo a este espacio para conocer los detalles de los sucesos por los que conocemos o suponemos, desaparecieron estas personas”, resaltó.

Indicó que fue un encuentro de diálogo con la mayoría de los familiares directos de cada uno de los desaparecidos.

“Se nos expuso la situación de 16 personas que no están localizadas en este momento pero de las cuales solo 10 corresponden a hechos relacionados entre el 9 y el 14 de mayo. Hay asuntos de hace seis, cinco y dos meses que desde luego son importantes y van a ser investigados”, explicó a reporteros.

Informó que también estuvo en reunión con el Secretario General de Gobierno del Estado, David Cienfuegos, para ofrecer que la corporación a su cargo coadyuvará con la Fiscalía del Gobierno local en la investigación que se ha iniciado y, “lograr la inmediata localización de las personas que hoy se registran en calidad de desaparecidos”.

También comentó que se estará desplegando personal de PF en la zona, para garantizar en la medida de lo posible mejores condiciones de seguridad. Pretende, dijo, dar estabilidad al municipio de Chilapa con el Gobierno del Estado, con el Ejército y donde irán acompañando las investigaciones que establecieron con la Fiscalía del Gobierno del Estado.

En torno a la información que tiene la Policía Federal respecto a los presuntos comunitarios, Galindo atajó que la calidad y condición de Policía Comunitaria no la define él sino que son las propias reglas del Gobierno del Estado.

“Para nosotros el contexto político-social que se da entorno de estos movimientos lo define más la autoridad local que es quien tiene el pulso de sus gobernados y sabe como es el manejo de este tipo de intervenciones y nosotros lo respetamos como tal”, abundó.

Pero dijo que si existe realmente un plazo de los presuntos comunitarios para irrumpir nuevamente en Chilapa como se ha manejado de acuerdo a la advertencia lanzada el día en que se retiraron, la PF no intervendrá porque “será algo que determinará el Gobierno del Estado”.

Y añadió: “nosotros venimos a coadyuvar en la investigación para la localización de las personas. Si hay delitos que se cometieron investigados, si hay presuntos responsables pues perseguir, detener, lo que le corresponde a la autoridad y hoy venimos en esa calidad, a acompañar la investigación. Lo que vamos a hacer es trabajar en el marco de las facultades que tiene la Policía Federal; es lo que les podemos decir y mañana estaremos viendo qué sucede”.

Además, el funcionario federal negó que los levantones de los hoy desaparecidos se hayan hecho en presencia de elementos de la Policía federal, aunque tras la irrupción de los grupos armados había despliegue de policías federales y gendarmes durante el tiempo en el que operaron los presuntos victimarios.

“Había un movimiento de policías que no estamos ciertos que sean policías comunitarias y que Guerrero tiene esa figura jurídica constitucional de Policía Comunitaria. Solo el Gobierno del Estado a través de su mecanismo puede decir si son o no son comunitarios. En cuanto eso sucedía la Policía Federal estuvo conteniendo la presencia de los grupos”, dijo.

E insistió: “no fue en presencia de Policía Federal que se desaparecieron o se detuvieron a estas personas. Me acaban de decir los familiares dónde fue cada uno de los casos y fueron en diferentes lados, no precisamente en un punto”.

Destacó que todos fueron casos diferentes entre esos días, del 9 al 14 de mayo. Detalló que de esas fechas le presentaron diez casos aunque especificó que eso no quiere decir que sean todos los relacionados con los presuntos comunitarios, pues podría haber más.

Pero reconoció a la vez que se le presentaron más casos referentes a otra temporalidad, destacando 6 casos más acontecidos en lo que va de este 2015.

“Me parece que lo tenemos que atender, es un asunto delicado y por eso estamos aquí, lo dispuso así el Secretario de Gobernación, hacer la presencia y coadyuvar con el Gobierno del Estado, poner las capacidades de la Policía Federal en este asunto y tratar de resolverlo cuanto antes”, aclaró.

Galindo especificó que llegaron a Chilapa dos perfiles diferentes de Policía Federal; uno para coadyuvar en la contención de la delincuencia en términos generales y un segundo equipo de trabajo para la investigación de los casos de desaparición.

Al segundo grupo lo definió como “investigadores de inteligencia”, pero omitió decir el número de elementos que entrarán a Chilapa, bajo el argumento de que se tiene que reservar el dato para la propia estrategia.

También mencionó que los diagnósticos que tiene de Chilapa es que se tiene registrado a este municipio como “un punto al que hay que atenderlo”. Pero luego minimizó: “creo que no había sido un municipio que había presentado grandes problemas pero no queremos que esto crezca, por eso la intervención en este momento”.

Enfatizó que un grupo de la Policía Federal se avocará al tema de la delincuencia organizada.

El Comisionado Nacional para la Seguridad no se comprometió a terminar con la inseguridad en determinado plazo, más bien aclaró que se irá erradicando el problema “en la medida de lo posible” pero se atenderá de forma inmediata.

Los familiares de las personas desaparecidas, por su parte, aclararon que les interesa encontrar a ciudadanos que han desaparecido a partir del año 2014.

Uno que estuvo en la reunión con los funcionaros federales, aclaró que tan solo del año pasado se tiene registrados 101 casos; 95 hombres y seis mujeres. Pero de estos casos 25 personas fueron encontradas asesinadas y desmembradas de las cuáles han sido sepultadas formalmente 17 víctimas.

Ante todos estos hechos, aclaró que solo se registró una detención que ni siquiera fue por delicneuncia organizada, pero, se le agrega a esta grave situación la desaparición de al menos otras 30 personas desde la irrupción del grupo armado auto-denominado “policía comunitaria” de los pueblos del sur de Chilapa. En total, los familiares de desaparecidos tienen documentados más de 200 casos de desapariciones de los cuales, varios terminaron en ejecuciones.

Entre otras cosas, los ciudadanos de Chilapa solicitaron a las autoridades federales que citen a declarar al Gobernador Rogelio Ortega Martínez debido a que firmó un acuerdo con los supuestos grupos de comunitarios. Esto, con el fin de que el mandatario otorgue los nombres de las personas “con las que negoció”, pues éstas tendrían que entregar a los hoy desaparecidos. (Agencia Periodística de Investigación)

 

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