Guerrero presenta las leyes que regirán su Sistema Estatal Anticorrupción

Por Redacción Animal Político. 11-08-2017.

El nuevo marco legal incluye las obligación de declaración patrimonial y de conflictos de intereses, así como responsabilidades penales por la corrupción de servidores públicos o particulares.

El gobierno de Guerrero presentó este lunes el Sistema Estatal Anticorrupción para armonizarlo con las leyes federales.

Dentro de las leyes estatales en materia anticorrupción se integran las figuras de declaración patrimonial y de conflictos de intereses, así como responsabilidades penales por la corrupción de servidores públicos o particulares.

Además, se dota de mayor competencia a la Auditoría General del Estado en materia de fiscalización y control, y se cambia de denominación al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a Tribunal de Justicia Administrativa.

“Porque Guerrero y los guerrerenses igual que todos los mexicanos y las mexicanas, demandan mayor certidumbre en los hombres públicos y mujeres en el manejo de los recursos públicos, no quieren ver a la gente enriquecida y no quiere ver que cambien de actitud cuando llegan  al Gobierno”, señaló Astudillo.

A la sesión acudieron, además del gobernador, funcionarios federales y estatales, presidentes municipales, representantes de organizaciones civiles y los poderes del Estado con objetivo de difundir la aprobación de las nueve iniciativas que forman parte de la Ley Anticorrupción del Estado, homologando las medidas estatales al programa nacional.

Astudillo Flores destacó que el combate a la corrupción en el estado ha avanzado. “Nadie puede decir que Guerrero está igual que hace dos años”, dijo.

“Tenemos que hacer un mayor esfuerzo, hoy los gobernantes estamos demandados a hacer un mayor esfuerzo aunque no se nos reconozca, es nuestra responsabilidad y el tema anticorrupción es fundamental”, agregó el gobernador.

Los integrantes del Sistema Anticorrupción serán designados por el gobernador del estado y ratificados por las dos terceras partes del Congreso local, con competencia para imponer sanciones a los servidores públicos a nivel estatal y municipal por las responsabilidades administrativas graves.

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