¿Desaparición de Poderes?

Por: Miguel Ángel Mata Mata
En amplio reportaje firmado por Mauricio Torres, de la cadena CNN, publicado en http://mexico.cnn.com/adnpolitico/2014/10/17/el-abc-para-una-eventual-desaparicion-de-poderes-en-guerrero el viernes 17 de octubre de 2014, se analizan los escenarios de una eventual desaparición de poderes en Guerrero.
En el reportaje no se dan conclusiones, pero llama la atención la opinión del dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, quien sostiene que para el caso de Guerrero, la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado de la República sustenta su demanda en supuestos que también existen en otras entidades de la República.
En el reportaje titulado “El ABC para una eventual desaparición de poderes en Guerrero, sostiene que la situación de inseguridad en Guerrero y la permanencia en el cargo del gobernador perredista Ángel Aguirre se analizarán en el Senado mexicano durante los próximos cinco días, luego de que el opositor Partido Acción Nacional (PAN) solicitara que se declare la desaparición de poderes en el estado.
Pero, ¿qué regula este mecanismo?, ¿cómo es el procedimiento para revisar la solicitud?, ¿y qué implicaciones tendría si llegara a aprobarse la declaración?
Declarar la desaparición de poderes en un estado es una facultad exclusiva del Senado, contenida en la fracción V del artículo 76 de la Constitución mexicana y en la legislación reglamentaria de dicha fracción.
Según estas normas, la Cámara alta puede señalar cuando en una entidad hayan desaparecido los poderes, por situaciones como que un conflicto impida la “plena vigencia” de la ley o que un gobernador se niegue a dejar el cargo a pesar de que haya concluido su mandato. La última vez que se hizo una declaración así fue en 1975, cuando se determinó que el gobierno y el congreso de Hidalgo habían violado garantías individuales.
A continuación, te presentamos puntos clave del debate que sostendrán los senadores con relación al caso de Guerrero.
¿Quién pide la desaparición de poderes?
La legislación reglamentaria antes mencionada señala que la solicitud para que el Senado declare la desaparición de poderes en un estado pueden hacerla senadores, diputados federales o ciudadanos de la entidad, sin especificar cantidades en ninguna de estas posibilidades.
En el caso de Guerrero, la petición fue presentada por 30 senadores del PAN, aunque su coordinador, Jorge Luis Preciado, afirma que tiene el respaldo de los 38 integrantes de la bancada, que representa la segunda fuerza en el Senado, debajo del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), que cuenta con 54 legisladores, y arriba del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que tiene 22.
A esta solicitud del PAN se sumaron este jueves 5,000 empresarios e integrantes de organizaciones civiles de Guerrero, quienes entregaron firmas a la Cámara alta y acusaron ingobernabilidad en el estado a causa del mal desempeño de Aguirre y de que no ha podido resolver problemas como la inseguridad o la localización de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre.
¿Quién analiza el tema?
La ley establece que el asunto debe ser turnado a una comisión del Senado. Durante la sesión de este jueves, los legisladores decidieron que se enviara a la Comisión de Gobernación, compuesta por 15 senadores: cinco del PRI, cuatro del PAN, tres del PRD, uno del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), uno del Partido del Trabajo (PT) y uno de Nueva Alianza.
Este órgano tiene cinco días para analizar el asunto, por lo que se prevé que se sesione el martes en la mañana para discutir y votar un dictamen, que ese mismo día por la tarde sería enviado al pleno, dijo a CNNMéxico el panista Héctor Larios, secretario de dicha comisión.
¿Cómo se revisa el asunto?
De acuerdo con la legislación reglamentaria, la declaración de desaparición de poderes sólo procede en cinco supuestos.
Éstos son: 1) que quienes encabecen los poderes de una entidad quebranten los principios del régimen federal –como el respeto a las facultades de los tres niveles de gobierno–, 2) si estos funcionarios abandonan sus tareas sin causa de fuerza mayor, 3) si no pueden realizar sus labores por razones físicas “o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico”, 4) si extienden su permanencia en el cargo más allá de su mandato o 5) si adoptan una forma de gobierno no contemplada en la Constitución.
Para el PAN, el caso de Guerrero encaja con el tercer supuesto, dado que a raíz de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, compañeros y familiares suyos, así como ciudadanos guerrerenses, han realizado protestas que han afectado instalaciones y el funcionamiento del gobierno estatal.
“Los hechos anteriores hacen notoria y evidente la carencia de una aplicación del Estado de derecho en el estado de Guerrero”, señala la solicitud de los panistas.
Por el contrario, el PRD considera que si bien hay problemas en Guerrero, sus poderes no han dejado de funcionar.
“En Guerrero hay tres poderes, uno de ellos que enfrenta, el Ejecutivo, una compleja situación, pero los poderes están. Yo no veo por dónde alguien pueda decir que en Guerrero no hay poderes funcionando”, dijo a medios este jueves el líder perredista, Carlos Navarrete.
La bancada del PRI, en tanto, aún no define su postura al respecto, pero en lo individual algunos senadores ya se han pronunciado en contra de la desaparición de poderes.
“La desaparición de poderes en Guerrero es un asunto complejo que no resuelve el caso de Ayotzinapa; en estos momentos, lo prioritario es localizar a los normalistas, esclarecer los hechos y llevar a los culpables ante la justicia”, señaló la priista Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, en un comunicado difundido el miércoles.
Ni la Constitución ni la ley aclaran si se requiere mayoría simple o calificada para aprobar la declaración de desaparición de poderes. Al respecto, el académico Francisco Burgoa, especialista en temas legislativos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo a CNNMéxico que en los casos anteriores se ha exigido la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión.
En todo caso, el PAN necesariamente debe convencer a senadores de otros partidos de que apoyen su propuesta.
¿Qué pasa si el asunto se aprueba?
Si la solicitud del PAN consiguiera el respaldo necesario y fuera aprobada, Aguirre tendría que dejar el cargo y ser sustituido por un gobernador provisional, según lo establece la ley.
Este gobernador provisional sería elegido por el Senado, de entre una terna propuesta por el presidente de la República en los tres días siguientes a la desaparición de poderes. Si el mandatario no diera sus propuestas, la propia Cámara alta definiría una terna y de ella designaría al gobernador provisional.
La ley contempla que el nuevo funcionario debería llamar a elecciones extraordinarias para renovar el gobierno y el congreso local, salvo en el caso de que ya haya un proceso electoral ordinario en marcha, justo como en el caso de Guerrero, donde arrancó formalmente a principios de este mes y culminará en junio de 2015 con comicios para elegir gobernador, congreso local y alcaldes.
En este último escenario, el gobernador provisional no convocaría a elecciones extraordinarias, sino que únicamente ocuparía el cargo el tiempo que restara al mandato.
Por su parte, los legisladores locales en funciones podrían terminar sus periodos y, en el Poder Judicial estatal, el gobernador provisional nombraría magistrados interinos, que podrían ser ratificados en el puesto por el nuevo congreso.
La desaparición, ¿el remedio?
Los senadores del PAN aseguran que declarar la desaparición de poderes en Guerrero ayudaría a solucionar la situación en el estado, puesto que el gobierno provisional tendría mayor legitimidad para enfrentar los problemas pendientes.
En contraste, el PRD argumenta que la prioridad de las fuerzas políticas no debe ser sustituir a quienes encabezan la entidad, sino contribuir con las investigaciones para la localización de los normalistas desaparecidos, y que la inseguridad no es exclusiva de Guerrero.
“El país tiene focos rojos prendidos en por lo menos 10 entidades, por lo menos. La acción criminal está presente en Tamaulipas, en Coahuila, en Durango, se recrudece en Baja California, está presente en Sinaloa, está en Michoacán, en Jalisco, está en Guanajuato, está en Veracruz, aparece en Morelos, en Guerrero, por lo menos 10 entidades”, arguyó Carlos Navarrete este jueves.

 

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